El delegado gremial de ATE en el Instituto Nacional de Vitivinicultura asegura que las funciones que se le recortan al organismo implican que se pierda la trazabilidad. Por el contrario, desde el lado industrial hay optimismo por la normativa.

Tras algunas jornadas de análisis y un poco de cautela, las primeras opiniones sobre la desregulación de la vitivinicultura con la eliminación de 973 normativas de control que implementaba hasta el momento el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) se comenzaron a oír, divididos entre la mirada positiva por la agilización de la actividad y el pesimismo por la pérdida de trazabilidad.

Cabe recordar que el viernes pasado, mediante la Resolución 37/2025 aprobada por el presidente del INV, Carlos Tizio, y publicada en el Boletín Oficial, se conoció que a partir del 1 de enero de 2026 se limitará la fiscalización llevada adelante por el INV exclusivamente a la etapa de comercialización final, inspeccionando productos envasados que ya cuenten con el Certificado Analítico de Libre Circulación.

EL OJO EN LA TRAZABILIDAD

Desde las entrañas del Instituto que regula la actividad vitivinícola en el país señalaron que las consecuencias de esta desregulación en la actividad se encontrarán principalmente en la reducción de las funciones de fiscalización del organismo y la pérdida de la trazabilidad en la cadena del vino.

“Habiendo analizado la Resolución 37/2025 podemos decir que se reducen las funciones de fiscalización del organismo en un 60%, aproximadamente y se pierde la trazabilidad en términos generales, por lo que también la determinación de genuinidad del vino, poniendo en riesgo, además de la confianza de los consumidores, la salud pública”, planteó Mariano Lucero, administrativo contable y también delegado gremial de ATE del INV.

El trabajador del organismo hizo foco en la falta de capacidad del INV para controlar en su totalidad la etapa final de comercialización: “Al no controlar el producto antes de que salga del establecimiento y teniendo en cuenta que, con el cuerpo de inspectores que tiene actualmente del INV, se fiscaliza en góndola sólo el 5% de los vinos producidos por la industria vitivinícola, será muy difícil detectar desviaciones que afecten la salud pública y la certeza de lo que se está consumiendo”.

Pero además, cuestionó que con la reducción de los controles del INV quedan los consumidores expuestos a la honestidad que pueden llegar a tener o no los productores: “Hay que denotar que así como hay bodegueros que producen vinos de calidad y hacen muy bien su trabajo, hay otros inescrupulosos que no”, marcó.

“Nuestra preocupación gremial es el desguace normativo y físico del INV, un organismo transparente, con personal profesional e idóneo de acuerdo a los requerimientos de cada puesto de trabajo. El personal no es delincuente ni corrupto, cómo afirman funcionarios nacionales con el fin de destruir un organismo tan importante para el crecimiento de la industria vitivinícola y que garantiza la salud pública”, aseveró Lucero.

LAS BODEGAS, A FAVOR

En cambio, desde Bodegas de Argentina (BdA) encontraron positiva la desregulación de la vitivinicultura implementada por el Gobierno nacional. El análisis de la entidad es que la eliminación de 973 normas de control que implementaba el INV impactará en la “flexibilidad, productividad y adaptabilidad a los tiempos que corren”.

Según Milton Kuret, director ejecutivo BdA, la entidad trabajó junto con representantes del sector privado, con el INV, el Ministerio de Desregulación y la Secretaría de Agricultura, en la eliminación de las normas, aunque no descartan poder hacer más aportes.

“Seguramente al hacer una lectura detenida y aplicar los cambios, pueden surgir oportunidades de mejora que las haremos saber”, aseguró.

“El INV fue creado para garantizar la inocuidad y la genuinidad de los vinos. La normativa vigente hasta ahora, que buena parte se está derogando, estaba orientada a hacerlo mediante mecanismos de gestión, controles de inventarios, declaraciones juradas, etc., todos ellos orientados a garantizar esos dos conceptos”, explicó Kuret.

De acuerdo a lo que dijo el representante de BdA, en la actualidad, muchos de los atributos que definen estos conceptos, se pueden analizar en laboratorio.

“Los principales cambios de la nueva normativa están centrados en flexibilizar aquellos mecanismos de gestión y fortalecer los de control analítico. Obviamente, algunos de ellos no son susceptibles de ser medidos en un laboratorio, (el origen por ejemplo) y por eso se mantienen para dar la trazabilidad necesaria”, argumentó.

En coincidencia con la explicación oficial, desde la entidad bodeguera que nuclea a más de 200 empresas de todo el país, “en general se flexibilizan sobre todo aquellos que son previos a obtener los productos finales (poniendo la responsabilidad en los empresarios) y se hace foco en el control analítico de los productos finales”.

“Lo positivo es simplificar, modernizar y flexibilizar los procesos productivos. Nos hacen más competitivos y nos permitirán generar ahorros. Más productividad que tanto necesitamos. Es hora de depositar más la responsabilidad en los empresarios y que obviamente el INV haga los controles que se necesiten”, completó Kuret.