Un nuevo intento de los acreedores granarios encabezados por el grupo Grassi (Commodities SA) resultó fallido y el proceso de homologación del concurso de Vicentin SAIC sigue firme aunque no exento de enormes complejidades. Este lunes la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial de Reconquista rechazó un

Un nuevo intento de los acreedores granarios encabezados por el grupo Grassi (Commodities SA) resultó fallido y el proceso de homologación del concurso de Vicentin SAIC sigue firme aunque no exento de enormes complejidades.

Este lunes la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial de Reconquista rechazó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Commodities SA con el propósito de detener la homologación del concurso para iniciar un proceso de “cram down” en el cual compiten de manera abierta las ofertas concursales.

Así parece finalizar la posibilidad de que los acreedores granarios liderados por la familia Grassi puedan detener el proceso concursal en curso, que es lo que intentaron hacer –de manera fallida– en reiteradas oportunidades.

Vale recordar que el 18 de marzo pasado Fabián Lorenzini, el juez concursal, decidió prorrogar la intervención de la sociedad concursada hasta el 30 de agosto de 2024 y requerir a los interventores Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg un informe detallado sobre las cuentas a cobrar tanto de Vicentin SAIC como de las compañías asociadas.

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La semana pasada los síndicos entregaron al juez Lorenzini un nuevo informe relativo a la situación de la sociedad concursada, el cual aún no fue hecho público por el magistrado de Reconquista.

Además de la dificultad para determinar el capital de Vicentin por el complejo entramado de sociedades en las que tiene participación la concursada, existe el interrogante sobre cómo impactará la demanda penal en curso por supuesta estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta contra ex directivos de Vicentin.

Representantes legales de Vicentin vienen solicitando a los jueces que intervienen en las demandas penales contra ex directivos que levanten las medidas cautelares interpuestas para preservar el interés de los eventuales damnificados.

Con esa medida –sostienen– Vicentin podría disponer de los recursos necesarios para iniciar el proceso de rescate en el cual interviene un consorcio integrado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra, aunque no se trata de cuestión sencilla de resolver porque implicaría determinar que una causa judicial tiene mayor entidad que otra, lo que representa un desafío jurídico.

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