Ley de Tierras Rurales: la industria forestal apoya el proyecto para permitir ventas a inversores extranjeros
La Asociación Forestal Argentina envió una nota al Senado, donde aseguró que "restringir la inversión privada por su origen no ha fortalecido la soberanía ni mejorado los estándares ambientales, pero sí ha limitado el desarrollo productivo del país".
La Asociación Forestal Argentina (AFOA) respaldó la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la modificación de la Ley de Tierras Rurales, con el fin de levantar las restricciones para vender a ciudadanos y empresas extranjeras.
Lo hizo a través de una nota que elevó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde sentó su posición sobre la modificación de la Ley N.º 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales), incluida en el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El planteo de AFOA es sencillo y contundente: considera que el régimen vigente “parte de un diagnóstico equivocado”, porque “restringir la inversión privada por su origen no ha fortalecido la soberanía ni mejorado los estándares ambientales, pero sí ha limitado el desarrollo productivo y la competitividad del país”.
LEY DE TIERRAS RURALES: “UNA REGULACIÓN MÁS PRECISA”
Según la Asociación que nuclea a la cadena forestal, la propuesta en discusión introduce un criterio más focalizado: mantener restricciones en casos vinculados a entes gubernamentales extranjeros o situaciones que puedan comprometer la seguridad nacional, eliminando en cambio las limitaciones generales sobre inversores privados.
Este enfoque —destacaron— resulta más consistente con los principios constitucionales de propiedad, igualdad ante la ley y razonabilidad de las regulaciones.
Precisamente, uno de los ejes centrales del planteo es revisar cómo se interpreta la soberanía en este debate.
“La tierra es un bien inmueble que no puede trasladarse fuera del país. Su titular, cualquiera sea su nacionalidad, está sujeto a la Constitución, a las leyes argentinas y a todos los controles vigentes. Las inversiones, el empleo y la actividad económica se desarrollan en el territorio nacional”, explicó Claudia Peirano, directora Ejecutiva de AFOA.
Por eso, para la entidad asociar inversión extranjera privada con pérdida de soberanía no refleja el funcionamiento real del sistema jurídico argentino.
“LA PROTECCIÓN NO DEPENDE DEL ORIGEN DEL CAPITAL”
Para AFOA; además, otro de los puntos destacados es que la protección ambiental está garantizada por el cumplimiento de la normativa vigente —como la Ley General del Ambiente y la Ley de Bosques Nativos— que aplica por igual a todos los actores.
En ese sentido, la reforma no implica una reducción de estándares ambientales, sino que mantiene intacto el marco regulatorio existente.
Asimismo, la Asociación aclaró que la reforma no afecta el régimen de acceso a ríos, lagos ni otros recursos hídricos. La titularidad de la tierra no otorga derechos sobre el agua pública, que continúa regulada por el Código Civil y Comercial y las normativas provinciales.
En este contexto, para sectores como el forestal, donde las decisiones se estructuran a largo plazo, la previsibilidad es un factor determinante. Según AFoA, las restricciones actuales han operado como una barrera para inversiones de escala, afectando la competitividad frente a otros países de la región.
“La actividad foresto-industrial requiere superficie, continuidad y financiamiento de largo plazo. Sin esas condiciones, se limitan proyectos que generan empleo, exportaciones y desarrollo en las economías regionales”, señaló Peirano.
Países como Brasil, Uruguay y Paraguay han logrado atraer inversiones en este sector bajo marcos normativos que no discriminan el origen del capital privado.
MEJOR REGULACIÓN, MAYOR PREVISIBILIDAD
Por todos los motivos expuestos, desde la entidad sostuvieron que un esquema regulatorio más preciso permite mejorar la calidad de las políticas públicas, reducir arbitrariedades y fortalecer la seguridad jurídica.
Además, subrayaron que el tratamiento legislativo se da en un contexto de incertidumbre sobre la vigencia del régimen actual, tras el DNU 70/23 y las medidas judiciales posteriores.
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En este escenario, AFoA considera que el Congreso tiene la oportunidad de establecer un marco claro, estable y constitucionalmente sólido.
“Defender la soberanía y el interés nacional no es cerrar la economía, sino contar con reglas claras, controles inteligentes y condiciones para el desarrollo productivo”, concluyó Peirano.
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