Hace un año se reglamentó una ley provincial que regula la producción de cannabis en Mendoza. Desde entonces, los proyectos se han multiplicado, lo que muestra el potencial de este cultivo que a nivel mundial mueve millones.

En apenas un año, Mendoza pasó de tener un puñado de proyectos de investigación en cannabis y cáñamo a contar con un sistema provincial completo que regula toda la cadena de valor, desde el cultivo hasta el uso medicinal humano y veterinario.

La provincia sancionó su propia ley en 2025 y, desde entonces, multiplicó los registros, sumó nuevos actores privados y empezó a delinear una oportunidad de diversificación productiva que, según sus impulsores, puede convertirse en un cultivo más dentro de la matriz agrícola mendocina.

La provincia cuyana decidió darle su propia regulación con la distinción de dos actividades que suelen confundirse, aunque se desprenden de la misma planta: Cannabis sativa.

• El cannabis medicinal se obtiene de variedades con concentraciones más altas de cannabinoides como el THC y el CBD, compuestos que se utilizan en tratamientos para el dolor crónico, la epilepsia refractaria, algunos trastornos del sueño y del ánimo, y cada vez más en medicina veterinaria, siempre bajo prescripción médica y con control de calidad mediante análisis cromatográficos.
• El cáñamo industrial, en cambio, corresponde a variedades con niveles mínimos de THC, por debajo del umbral que la ley considera psicoactivo, y se cultiva por su fibra, su semilla y su aceite, con usos que van desde el textil y la construcción hasta la alimentación, la cosmética y el papel. Esta diferencia explica por qué el primero se da en escalas menores y no requiere de grandes extensiones para ser rentable, como sí lo hace el segundo de ellos.

EL MARCO LEGAL DEL CANNABIS MENDOCINO

Mendoza sancionó la ley 9.617 en abril de 2025 y la reglamentó en septiembre del mismo año a través del decreto 1928/2025. A partir de ahí nació el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI), que depende del Ministerio de Gobierno y quedó bajo la dirección de Virginia Coraglia.

En diálogo con Infocampo, Coraglia explicó que, a partir de la reglamentación, el organismo fue sacando distintas resoluciones para ir ordenando cada eslabón de la cadena y dar previsibilidad a organizaciones que ya venían trabajando en el territorio sin un marco claro.

Las resoluciones 709 y 710 de 2025 establecieron un régimen de adecuación simplificada para proyectos amparados en la ley nacional 27.350 y para emprendimientos de fitomejoramiento, además de las primeras licencias de cáñamo.

Luego llegaron el Repro-Mendoza, que garantiza el acceso al cannabis medicinal, y el Reprovet, una resolución pionera a nivel nacional que regula el acceso veterinario, elaborada junto a la Asociación de Veterinarios Canábicos.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, destacó justamente ese último punto. Contó que la provincia decidió avanzar también con la aplicación de la medicina del cannabis en animales y así nació este programa, “para que los avances científicos que se van dando sobre la salud humana se vayan aplicando también sobre la salud de los animales”.

Según detalló Coraglia, la ley provincial contempla un esquema que se completa con análisis cromatográficos obligatorios para todos los cultivadores, un régimen de investigación científica y académica, y la articulación con el Iscamem, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, un consejo asesor y un comité de uso veterinario.

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CANNABIS EN MENDOZA: APUESTA A LA DIVERSIFICACIÓN

Los números que maneja el propio RPCCI muestran la magnitud del salto que ha tenido la actividad en solo un año.

Entre septiembre de 2025 y mismo de 2026, los proyectos de investigación y desarrollo pasaron de dos a cuatro, las asociaciones civiles nacionales con presencia en la provincia pasaron de cero a 12 y los proyectos productivos aprobados pasaron de cero a cinco, con otros cuatro en análisis.

Además, ya son dos las asociaciones inscriptas en Repro-Mendoza y 11 los médicos registrados para prescribir cannabis medicinal, de los cuales 10 fueron aprobados y uno quedó observado.

Coraglia fue clara al señalar que, más allá del blanqueo de una actividad que muchas veces se realizaba de manera informal, la provincia lee este proceso como una oportunidad económica para los productores.

“Entendemos que el cannabis tiene que ser un cultivo más para la provincia, con las medidas necesarias y específicas para que se desarrolle con todos los controles y con toda la trazabilidad requerida”, dijo.

Y agregó que el mundo agrícola está cambiando, en parte por el cambio climático y por matrices productivas que ya están agotadas, lo que obliga a pensar en alternativas.

La funcionaria remarcó también que no hay que confundir cannabis con uso recreativo, algo que en Argentina sigue prohibido.

“Estamos hablando de una industria que a nivel internacional mueve millones”, explicó, y puso como ejemplo a Canadá, que arrancó con el uso medicinal y recién en 2018 avanzó hacia el uso adulto responsable.

Para Coraglia, la clave pasa por tener normas claras y concretas, algo que en Argentina no siempre ocurrió con este tipo de actividades. Según contó, el registro recibe consultas constantes de empresarios, productores, pymes y emprendedores que se están interiorizando en el tema, aunque remarcó que el cannabis sigue siendo un estupefaciente y que cualquier cambio de categoría requiere autorización estatal, en línea con las convenciones internacionales que Argentina debe cumplir.

El plan de la provincia no se limita al cultivo. El RPCCI también avanzó en la conformación de un Clúster de Cannabis, en mesas de trabajo con los municipios de Guaymallén, Las Heras y General Alvear, entre otros, y en una agenda de cooperación interprovincial, sobre todo con Misiones, para intercambiar experiencias regulatorias y avanzar en el desarrollo del cáñamo industrial.

EL POTENCIAL DEL CANNABIS EN MENDOZA

Leandro Mastrantonio, coordinador del Diplomado en Cultivo de Cannabis Sativa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, explicó por qué la provincia tiene condiciones favorables para este cultivo.

Según detalló, Mendoza cuenta con alta radiación solar y escasas lluvias, lo que reduce los problemas de fungosis y plagas que sí sufren otras regiones más húmedas del país, como la zona pampeana o Uruguay. A eso se suma un régimen legal propio que distingue a la provincia del resto del país.

Mastrantonio precisó también que, a diferencia del cáñamo, que requiere varias hectáreas, el cannabis medicinal se trabaja en superficies muy chicas y con mano de obra intensiva. “Una producción de una hectárea es un montón”, graficó. 

De forma didáctica, el experto comentó que el cultivo se maneja de forma similar a un tomate, tanto en el manejo de distancias de plantación como en su carácter anual, con cosecha entre marzo y abril, aunque en modalidad indoor y con condiciones controladas se puede producir durante todo el año.

El destino final de la producción son distintos formatos de consumo, desde la inflorescencia hasta aceites sublinguales obtenidos por extracción y diluidos en aceites vehiculares como el de oliva o coco, un proceso que, según explicó, requiere de una licencia industrial específica dentro del marco legal para evitar preparaciones caseras sin control de calidad.

Para acompañar ese crecimiento, la facultad lanzó un diplomado de 125 horas, presencial y con fuerte orientación práctica, que exige título secundario y algo de experiencia previa en cultivo. La primera cohorte egresó en mayo de este año con 59 egresados, y ya arrancó la inscripción de la segunda con ya más de 40 personas anotadas, que egresarán en mayo de 2027.

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El título habilita a sus egresados a ser responsables técnicos de asociaciones de cultivo y, si además son agrónomos, de emprendimientos productivos, un requisito que exige la propia ley provincial. La facultad, además, avanza en un proyecto de investigación y desarrollo propio y en la construcción de un “hub canábico” que busque conectar a la academia, el sector privado y el Estado. 

Ese esfuerzo de profesionalización también se refleja en el plano laboral. Durante el último año, el RPCCI impulsó la primera mesa a nivel nacional de prevención de riesgos del trabajo en cannabis medicinal, en el marco del programa Pronapre, y definió categorías laborales específicas para el sector, con escalas salariales de referencia que van desde los $1.348.995 para la categoría 1 no calificada hasta los $2.093.663 para la de maestro o maestra cultivador/a.

LOS PROVEEDORES MIRAN AL CANNABIS

En tanto, el crecimiento del cultivo también empezó a mover a las empresas proveedoras de insumos agrícolas. Germán Persich, ingeniero agrónomo a cargo del desarrollo comercial de Agrinet, contó que la firma participó este año de la Mendocann, la expo de cannabis que se realiza en la provincia, después de detectar un interés creciente por el uso de mallas para cultivo a cielo abierto, una modalidad que empieza a convivir con el clásico invernadero o indoor.

Persich explicó que, en una provincia donde el granizo y el viento son de los principales riesgos productivos, la empresa desarrolló coberturas específicas para cannabis. A diferencia de las mallas negras que se usan en los viñedos, para este cultivo se emplean mallas blancas con apenas un 11% de sombreado, porque la planta necesita alta luminosidad.

El objetivo es doble, proteger contra el granizo con mallas antigranizo a modo de techo y reducir el impacto del viento con cortavientos laterales, que además evitan el “ramaleo”, el golpe entre ramas que estresa a una planta especialmente sensible. Esas mismas mallas, agregó, funcionan como barrera frente al polvo, algo clave para obtener flores de mejor calidad tanto para consumo como para extracción de aceite.

En cuanto a los costos, Persich detalló que la instalación de una malla antigranizo con estructura completa y mano de obra incluida ronda los 15.000 dólares por hectárea, de los cuales apenas un 25% corresponde al valor de la malla propiamente dicha. El resto de la inversión se explica por la estructura de sostén y la colocación, un dato que marca la diferencia frente a otros cultivos de la provincia y que hoy condiciona la escala de los proyectos, en un cultivo donde, como señaló Mastrantonio, una hectárea ya se considera una superficie grande.

La empresa ya trabaja con proyectos grandes de cultivo a cielo abierto y también ofrece mallas antigranizo, medias sombra y antiáfidos para cultivo en invernadero. Persich remarcó que buena parte del interés no viene solo del cannabis en sí, sino de una posible reconversión de infraestructura ya instalada, como parrales o estructuras de frutales en desuso, que podrían aprovecharse para montar cultivos de cannabis por debajo.

“Vemos una gran proyección y que va acompañada a la incidencia de granizo y el viento, que cada vez es más importante con el cambio climático”, completó, y adelantó que la empresa ya trabaja junto al INTA para medir el comportamiento del cultivo bajo malla, con la idea de sumar próximamente a productores a esas mediciones.