Fuerte impacto sobre el consumo: el 39% del precio de la yerba mate son impuestos
De los 340 pesos promedio que el consumidor paga por el kilo de yerba, hay 134 pesos que representan tres impuestos específicos.
El precio de los alimentos está, más que nunca, en el foco de análisis. Ahora, es el turno de la yerba mate, uno de los productos más consumidos por los argentinos.
Un informe elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revela que los impuestos sobre el precio de la yerba explican el 39,3% del precio de un kilo en góndola, mientras que el productor primario sólo es responsable del 22,4%.
Para llevar adelante este trabajo, durante enero 2021, la Confederación analizó la cadena de valor de la yerba mate desde el productor, ubicado en el caso de estudio en la ciudad de Oberá, Misiones, hasta su comercialización en Capital Federal.
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Para la conciliación de los datos, se tomaron los precios de enero 2021 en 15 puntos de venta de Capital Federal, considerando grandes cadenas (hipermercados) y comercios de cercanía (almacenes).
A partir de los datos, dice la entidad, la excesiva carga tributaria queda al descubierto, respondiendo a que el 78,08% de los impuestos son nacionales y el 21,92% a provinciales.
Además, al analizar los impuestos específicos dentro la cadena de valor, el desagregado muestra que:
- 53,58% corresponde al IVA.
- 24,50% al impuesto a las ganancias.
- 21,92% a ingresos brutos.
En enero 2021, el precio promedio del paquete de un kilo de yerba mate en Capital Federal fue de $340,7.
Del este valor final, muestra el informe, el productor explica el 22,4% ($76,6); el sapecado, secadero y canchado el 7,6% ($25,9); la molienda y envasado el 11,1% ($37,7), el mayorista el 10,7% ($36,6), el minorista el 8,9% ($30,1), y los impuestos el 39,3% ($133,9). Además, también hay un 17,8% ($60,7) corresponde a ganancias netas y el 42,8% ($145,8) a costos.
Al respecto, el titular del sector de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez, aseguró: “Queda claro que los productores de alimentos no somos formadores de precios. La atención no debiera centrarse en nosotros, sino en repensar el esquema impositivo, lo que beneficiará tanto al consumidor como al empresario agroalimentario”.
