Argentina potencia: En Tucumán una productora denuncia la agresión de grupos que usurpan su campo, frente a la inacción judicial y cierta protección del Estado

En el año 2014, un grupo de productores se agrupan en Prodeco “Consenso Tucumán”, una asociación orientada a defender la propiedad privada, temerosos de las usurpaciones de tierras rurales. La presidente de esa ONG es Dora Griselda Pérez, una productora ganadera de la zona de Nogalito, un pueblo a 70 kilómetros de la capital tucumana.

En el año 2014, un grupo de productores se agrupan en Prodeco “Consenso Tucumán”, una asociación orientada a defender la propiedad privada, temerosos de las usurpaciones de tierras rurales. La presidente de esa ONG es Dora Griselda Pérez, una productora ganadera de la zona de Nogalito, un pueblo a 70 kilómetros de la capital tucumana.

Los años pasan, las denuncias se acumulan y la justicia no resuelve. Esto provoca que cada tanto cualquier chispa rompa una muy tensa calma. El pasado lunes 16 de octubre Dora denunció que fue agredida nuevamente por gente que se ha instalado en una porción de las 700 hectáreas que posee.

“Somos muchísima gente afectada que nos juntamos al ver el abandono del Estado y la justicia. No teníamos respuestas a tantos atropellos a la propiedad privada,  no se respeta el título de propiedad”, explicó Dora a Bichos de Campo. Dijo luego que son cerca de 400 miembros en la asociación. Y completó: “Este calvario comenzó en el segundo gobierno del kirchnerismo, allá por el año 2008”.

Según la presidenta de Prodeco, la mayoría de los títulos de propiedad sobre las tierras en litigio datan del siglo XIX y “ni una sola hectárea se contemple como territorio fiscal”. Sin embargo, desde el año 2020 Dora y su familia tuvieron que abrir una causa judicial, donde se denuncia a un grupo de intrusos que les impide desarrollar cualquier actividad productiva en su propio campo, luego de matarle gran número de equinos.

“No podemos desarrollar ninguna actividad en lo que es de nosotros porque todo lo destruyen. Si sembrás algo te lo dañan, si pones alambres te lo rompen. O sea cualquier actividad de desarrollo de campo que quieras emprender, ellos la destruyen”, remarcó Dora.

La bronca de los productores tucumanos, más allá del daño a la producción y la usurpación de sus tierras, radica en la ilegitimidad de estas comunidades que se definen como “originarias”, y que contarían con el apoyo ciego de instituciones gubernamentales que se ocupan de los asuntos indígenas. Aseguran que en realidad en estos grupos no hay ningún linaje indígena, que  no son más que grupo que se autoproclama como parte de los pueblos originarios.

“No solo en Tucumán, sino en varios lugares de Salta y Santiago del Estero. Estas han sido las provincias que más comunidades indígenas han creado. Y todos estos años los gobiernos han seguido dándole personería jurídica a esta gente ya que la Ley 26.160 los ampara. Mientras, nosotros nos sentimos desprotegidos”, argumentó la productora.

-¿Cuantas hectáreas dentro de tu predio están ocupadas por estas comunidades?  

-En mi caso, existen 3 o 4 familias que son de hermanos del cacique y agresor José Manuel Pérez, instalado en mi propiedad. Ellos vienen viviendo acá hace bastante tiempo, porque mi abuelo les arrendaba una hectárea de tierra para que vivieran y pudieran sembrar verduras. Yo tengo recibos y documentos donde consta que ellos pagaban un arriendo. Hoy están desplegados en casi toda la parte que no tengo cerrada. Me es imposible abarcar toda la extensión, menos si no puedo desarrollar ninguna actividad.

Dora no es la única  productora que vive esta realidad y a un poco más de 100 kilómetros de su finca otros propietarios de tierra tienen que lidiar con los supuestos usurpadores. “A un productor  recientemente le robaron las mangueras con la que realiza su sistema de riego por goteo, porque ha intentado desalojarlos dos veces”, comentó.

-¿Cuál es la posición de la justicia ante esta situación?

-Desgraciadamente la ley que nosotros manejamos los desaloja y pasan dos días y nuevamente toman la tierra. Entonces tenés que iniciar un juicio. Eso nos afecta a nosotros mucho y les da más fuerza a ellos. Hace mucho nosotros venimos denunciando, pero ellos recurren al INADI (Instituto nacional contra la discriminación) y nos acusan de que los discriminamos por ser tribus indígenas.

Dora Pérez  asegura que ante las acusaciones por daños, el cacique ha sido declarado culpable por la justicia penal. Sin embargo de los 4 años de sentencia no ha cumplido ninguno. “Es la justicia la que dice que este tipo es culpable, no lo culpo yo”, argumentó.

-¿Cuantas causas y denuncias están registradas en la justicia sobre estas comunidades?   

-Tienen muchas causas pendientes, son muchas las denuncias por daños materiales, robos, amenazas y persecución. Desde abril de 2020 yo le hice una denuncia por agresiones y esa la causa que está pendiente para elevación a juicio. Existen muchas pruebas y testigos de ese día, por eso hemos abierto otra causa porque trataron de matarme a mí y a mi hijo.

Pese a estas denuncias, Dora dice sentirse abandonada por las instituciones estatales. “Yo he denunciado públicamente que me he sentido abandonada. Hice la denuncia por violencia de género y me han dicho que los hechos no encuadran dentro de una violencia hacia la mujer y no me han querido tomar la denuncia”, relató.

-¿Los integrantes de Prodeco tienen alguna denuncia en el INADI?

-Hasta el momento no tenemos ninguna denuncia en el INADI, sí en la comisaria. Pero hemos concurrido con la denuncia policial radicada a la institución y refieren que los únicos discriminados son los pueblos originarios y que es odio lo que nosotros sentimos hacia ellos.

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