Carbap pidió que se quite de la Ley de Bases la normativa sobre tecnología en semillas

La entidad bonaerense advirtió que la adhesión al UPOV 91 implicaría una avance sobre la apropiación de la renta del productor y una ampliación en la duración del derecho de propiedad

En el marco del tratamiento de la Ley de Bases en el Congreso nacional, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) recomendó que el agro no debe adherir al UPOV 91 y además advirtió que este artículo debe ser excluido de la normativa.

Como se recordará, el Gobierno nacional defendió en reiteradas ocasiones la postura de plegarse a este convenio para la tecnología en genética de semillas. Desde el minuto cero, esta postura generó divisiones en el seno de la Mesa de Enlace, con tres entidades que se manifestaron en contra de la iniciativa y una que la apoyó.

Ahora fue el turno de los ruralistas bonaerenses. Desde la entidad presidida por Horacio Salaverri consideraron que su postura se basa en “la falsa argumentación de que dicha adhesión conllevará a un acceso a la mejor tecnología genética disponible para todos los productores”.

En este punto, argumentaron que este objetivo podría cumplirse con una Ley de Semillas consensuada y sin necesidad de adherir al UPOV 91, tal como lo ha realizado en los últimos años Brasil.

BENEFICIOS PARA DESARROLLADORES, PERO NO PARA LOS PRODUCTORES

Los referentes de Carbap explicaron que la adhesión al UPOV 91 incluye la necesidad de solicitar autorización a los obtentores -algo que puede ser denegado- para el uso propio de semillas por parte de los agricultores, situación que no está incluido en el acta UPOV 78.

“Además se otorgar una mayor extensión de derechos a los obtentores hasta el producto de la cosecha, lo cual implicaría una avance sobre la apropiación de la renta del productor y una ampliación en la duración del derecho de propiedad”, remarcaron. 

De este modo, sostuvieron que tal como esta planteada, la normativa beneficia principalmente a desarrolladores comerciales de variedades uniformes y limita los derechos de los agricultores para guardar y utilizar semillas y material de propagación.

“Entendemos que entre todos los actores de la actividad agrícola debemos consensuar una actualización de la Ley de Semillas, sin imposiciones ni atajos, manteniendo el respeto y el equilibrio por los derechos de cada eslabón de la cadena”, concluyeron.