Luego de idas y venidas, Chaco actualizó su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos: Greenpeace alertó que esto habilitará el desmonte de más de 1 millón de hectáreas
En la madrugada de hoy, y luego de meses de idas y venidas, la legislatura chaqueña aprobó finalmente el proyecto de ley que actualiza el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTNB) de la provincia, a partir del actual se definen nuevas categorías para clasificar a los montes nativos. El proyecto oficial, que contó
En la madrugada de hoy, y luego de meses de idas y venidas, la legislatura chaqueña aprobó finalmente el proyecto de ley que actualiza el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTNB) de la provincia, a partir del actual se definen nuevas categorías para clasificar a los montes nativos.
El proyecto oficial, que contó con el visto bueno de dos tercios de los legisladores provinciales, permitirá, según se dio cuenta, el aprovechamiento de recursos en forma sustentable, que será monitoreado por un ente integrado por las fuerzas políticas, entidades intermedias y consejos profesionales.
Hay que recordar que tras la sanción de la Ley Nacional de Bosques (26.331) en 2007, la provincia de Chaco aprobó su OTBN en el año 2009 mediante la Ley Provincial 6.409, y que desde hace tiempo se venía impulsando su actualización.
De esta forma, esta aprobación puso fin a una larga mora en la actualización del ordenamiento, que derivó incluso en un amparo que paralizó a la actividad foresto industrial local.
Las propuestas anteriores del Ministerio de Ambiente habían sido rechazadas por entidades productivas y técnicas por no coincidir “en nada con lo que los técnicos del INTA, del Consejo profesional de ingenieros agrónomos, ni las propuestas de entidades como Fechasoru, asociaciones empresariales y forestales”, según indicaron asociaciones rurales de Chaco.
“Condena productivamente a los pequeños productores e impide el desarrollo de emprendimientos productivos, y esto es algo insólito, inédito y caprichoso”, habían señalado por su parte desde la Asociación forestal de Pampa del Infierno.
Esta modificación, sin embargo, no fue acompañada por sectores ambientalistas. Desde la ONG Greenpeace indicaron que “desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques y hasta fines de 2022, en la provincia de Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas”, que sumaron unas adicionales “57.343 hectáreas durante 2023”.
“Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su OTBN. La nueva propuesta no incluye ninguna referencia a la restauración de los bosques ilegalmente desmontados. Cabe advertir que, gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I – rojo, II – amarillo)”, indicaron desde esa organización.
Es así que en marzo manifestaron que “el nuevo OTBN de Chaco permitirá el desmonte legal de más de un millón hectáreas, una superficie sumamente excesiva teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030”.
Según explicaron, la zonificación propuesta “propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II – amarillo, al pasarlas a Categoría III – verde, algo prohibido por la normativa nacional”.
“Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”, detallaron.
En paralelo, añadieron que el trabajo no incluyó el relevamiento territorial de las comunidades indígenas según lo establecido por la Ley 26.160, que debe ser realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
“Se trata de información indispensable para la actualización del OTBN”, afirmaron.
A continuación, concluyeron: “La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”.
Foto portada: Agroperfiles
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