“No hay más margen para aumentos”, afirmó el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, durante la apertura de la 78° Exposición de la entidad. También reclamó que se eliminen definitivamente las guías ganaderas y habló sobre el daño de las retenciones.

El próximo 15 de septiembre es la fecha límite para que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Economía, eleve ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2026.

Tal fecha, además de servir de parámetro para observar cuáles son las proyecciones del Gobierno para el próximo ejercicio, constituye una suerte de botón de inicio para que también las diferentes administraciones provinciales den a conocer sus estimaciones de gastos e ingresos.

En un contexto en que el peso de los impuestos es la principal preocupación que existe con relación a la rentabilidad del campo, conocer precisamente qué previsiones están pensando los gobernadores es clave para los productores y para los dirigentes del sector.

En ese sentido, además de los archiconocidos reclamos por las retenciones y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en esta época del año otro impuesto que suele generar rispideces entre el campo y las autoridades provinciales es el Inmobiliario Rural.

EL DEBATE POR EL INMOBILIARIO RURAL, CAPÍTULO CÓRDOBA

En el caso de la Provincia de Córdoba, por ejemplo, el plazo tope para dar a conocer la pauta presupuestaria 2026 es el 15 de noviembre.

Y anticipándose a un debate que seguramente volverá a ser álgido, la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) ya empezó a abrir el paraguas al respecto.

Lo hizo a través de su presidente, Eduardo Riera, el sábado por la tarde durante el acto de apertura oficial de la 78° Expo Rural, que comenzó el viernes y finalizará este domingo en el predio de la entidad en el norte cordobés.

“Queremos manifestar con total claridad nuestra voluntad y necesidad de ser convocados e invitados por el gobierno provincial a la mesa de negociación del impuesto inmobiliario rural para el año 2026. Como productores y actores fundamentales del interior de Córdoba, consideramos imprescindible participar en el diálogo que definirá las condiciones de esta carga fiscal”, expresó Riera desde el escenario.

Acto seguido, habló sin medias tintas: “Y queremos dejar algo muy claro: no hay más margen para aumentos. El sector ya está al límite, y un incremento en el impuesto inmobiliario rural sería un golpe directo al empleo, a la inversión y el arraigo”.

Para Riera, “el camino debe ser la búsqueda conjunta de soluciones que promuevan el desarrollo y la sostenibilidad, no más presión impositiva sobre quienes generan alimento para todos, riqueza para la provincia y progreso para la comunidad”.

Luego, en diálogo con Infocampo, amplió: “Nuestra intención es que sean dos mesas: una para el sur y otra para el norte (de la provincia), porque las realidades son totalmente distintas. Necesitamos que se trabaje en profundidad en nuestro arco noroeste de Córdoba”.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Sociedad Rural de Jesús María (@sociedadruraldejesusmaria)

LAS GUÍAS GANADERAS, OTRO FUERTE RECLAMO

En tanto, Riera consideró que otro tema que no se puede seguir postergando es la eliminación inmediata, por ley, de las guías ganaderas que hoy siguen cobrando municipios y comunas de Córdoba.

“Lo decimos con claridad: son una verdadera aduana interna que castiga el movimiento de hacienda dentro del propio territorio provincial, incluso entre campos de un mismo productor. No hablamos de una herramienta sanitaria, sino de una tasa sin contraprestación alguna que entre 2024 y lo que va del presente año habría alcanzado los 13.500 millones de pesos en la provincia”, enfatizó.

“Y, ¿qué devuelve esto a la comunidad o al productor rural? Absolutamente nada”, completó.

Otro reclamo impositivo: en Córdoba acusan a municipios de “currar” con las guías de hacienda

RETENCIONES Y OTROS IMPUESTOS

Previamente, Riera había hecho foco en el tema que desde hace años encabeza el listado de quejas del sector rural: las retenciones.

“No solo son un freno al desarrollo productivo del país, sino que golpean con particular dureza a provincias como Córdoba, y en especial al norte provincial, donde el impacto se siente en el corazón de las economías regionales”, consideró el titular de la SRJM.

Y disparó: “Lejos de promover el arraigo y la inversión, este esquema castiga al productor, desalienta la producción y profundiza el desarraigo. En muchas localidades, el campo queda abandonado, las familias migran por falta de oportunidades y el tejido social se va deshilachando”.

Por eso, enfatizó que “no se puede seguir exprimiendo a quienes trabajan la tierra, mientras se ignora la realidad de quienes sostienen con esfuerzo las bases de nuestro interior productivo. ¡Insistimos, las retenciones deben ser cero!”.

No obstante, no se quedó solo en este tributo: también señaló como “urgente” revisar la carga de impuestos distorsivos como el impuesto a los sellos en la compra de maquinaria productiva —una inversión clave para el desarrollo— y los ingresos brutos aplicados a actividades directamente vinculadas al agro, que terminan afectando la competitividad de toda la cadena.

“Si realmente queremos una provincia productiva, moderna y eficiente, estos temas deben empezar a tratarse con seriedad y con visión a largo plazo. No pedimos privilegios: pedimos reglas claras, coherentes y justas para poder seguir invirtiendo y generando trabajo en el interior”, mencionó.

EL ROL DEL INTA Y EL SENASA

Por otro lado, la Rural de Jesús María también sentó posición con respecto a cómo deben continuar el INTA y el SENASA.

“Son pilares fundamentales para el sector productivo de Córdoba y del país, brindando asistencia técnica, control sanitario y apoyo a nuestros productores que, día a día, sostienen la actividad agropecuaria. Reconocemos y valoramos profundamente su rol en el desarrollo y la innovación del campo”, expresó Riera.

Sin embargo, reconoció la necesidad de “avanzar en una gestión estatal más eficiente, que promueva la desregulación innecesaria y reduzca el gasto público superfluo”.

“El Estado debe estar al servicio de la producción y la ciudadanía, facilitando las actividades productivas sin cargar de burocracia ni costos adicionales. Solo así podremos asegurar que los recursos públicos se utilicen de forma responsable y que el sector productivo siga creciendo en un marco de sostenibilidad y competitividad”, resaltó.

Por otro lado, también hizo foco en otros temas que considera importantes para poder impulsar el “enorme potencial productivo” del norte cordobés: mejorar la infraestructura eléctrica y de caminos rurales, garantizar la seguridad de la producción, avanzar en conectividad digital y acompañar a los productores con políticas claras que promuevan el desarrollo sustentable.

“Hay pueblos rurales que necesitan ser atendidos, hay caminos que necesitan ser pavimentados o consolidados, hay zonas donde producir implica enfrentar riesgos que van más allá del clima. Sabemos que no todo se resuelve de un día para el otro, pero también sabemos que cuando el sector público sabe escuchar, los resultados no solo llegan al productor agropecuario sino a toda la comunidad”, reflexionó.