Molinos Agro y LDC pidieron al Juzgado que excluya del voto como acreedora a una compañía que, aseguran, está controlada indirectamente por la otra parte interesada en Vicentin: Grassi SA.

Cuando se escriba la novela o el guion de la serie televisiva sobre Vicentin, la cantidad de capítulos seguramente será muy abundante.

Sucede que, a cada paso que da, la causa que comenzó a principios de 2020 con el pedido de concurso de acreedores de la otrora líder de la agroexportación oriunda de Avellaneda (Santa Fe), sigue sumando condimentos que la hacen interminable.

Tras lo que fue el extenso período de idas y vueltas judiciales en las que Vicentin llegó a presentar todos los avales requeridos por ley para su propuesta de pago a los acreedores, el proceso se truncó en la Justicia, que terminó habilitando el “cramdown”: una etapa judicial en la que cualquier compañía que presente un proyecto para el salvataje puede participar.

Así fue como Grassi SA, una asociación entre Molinos Agro SA y Louis Dreyfus Company (LDC), Bunge Argentina SA y la Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada, son las que cumplieron todos los requisitos para formalizar sus propuestas. Pero, hasta el momento, solo Grassi y Molinos-LDC avanzaron al respecto.

BATALLA EMPRESARIA POR VICENTIN

Y en este punto es donde se abrió el nuevo capítulo de la eterna novela: comenzó ahora una batalla judicial entre estos interesados en continuar con las operaciones de Vicentin.

En las últimas horas, Molinos Agro y LDC informaron que presentaron ante el Juzgado interviniente en el concurso una solicitud de exclusión del voto de la acreedora Avir South SARL del cómputo de mayorías, en el marco del procedimiento de “cramdown”.

¿El motivo? Grassi sería una de sus controlantes indirectas, por lo que consideran que no puede ser parte de la decisión final.

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Vale en este marco abrir un párrafo importante: Grassi ha sido, desde que comenzó el concurso, la principal oposición a que el mismo avance y se formalice una propuesta de pagos que supo elaborar Vicentin y que llegó a tener las mayorías requeridas por ley tanto en porcentaje de acreedores como de capital.

De fondo, aparentemente siempre tuvo la intención de poder quedarse con el control de la compañía del norte de Santa Fe.

En este contexto, la presentación de Molinos Agro y LDC sostiene que el voto de Avir South no debe contarse a los fines de alcanzar las mayorías requeridas por la ley, pues no se trata de un acreedor original de Vicentin, sino que adquirió sus créditos en forma posterior y en el contexto de una alianza entre Grassi S.A. y CIMA Investments S.A., “utilizando una estructura financiera y societaria offshore que compromete la transparencia del proceso”.

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Según la documentación aportada en la presentación, los fondos con los que Avir South adquirió sus créditos (equivalentes al 37% del pasivo computable de Vicentin) provinieron de Soripel S.A. (sociedad uruguaya), controlada por Esteban Nofal, presidente de CIMA Investments y apoderado de Avir South.

Mientras que -siempre según la versión de Molinos Agro y LDC- Soripel, a su vez, recibió esos fondos de Scarlett Sunset Ltd. (sociedad de Bahamas), vinculada a la familia Grassi; Comfi S.A. (Rosario), cuyos directores son socios del estudio jurídico Casanova -que asesora a Grassi-; y de Invergrain Corp. (sociedad de las Islas Vírgenes Británicas), presumiblemente vinculada a CIMA.

“Nuestra presentación busca preservar la transparencia del proceso y garantizar que los acreedores genuinos mantengan el poder y la libertad de decidir entre las propuestas presentadas. No puede permitirse que estructuras indirectas predeterminen el resultado de un concurso de esta magnitud”, señalaron las gigantes del agro denunciantes.

En resumen: las compañías argumentan que el voto de Avir South debe ser excluido del cómputo de las mayorías requeridas, ya que la ley es clara en establecer que solo los acreedores reconocidos en una determinada sentencia (la del artículo 36 de la Ley de Concursos y Quiebras) pueden emitir voto.

“Permitir que voten acreedores que ingresaron con posterioridad a la misma (como Avir South) y que además son controlados por uno de los grupos que están compitiendo en el proceso, abriría la puerta al ‘tráfico de votos’ y en definitiva a una clara manipulación del resultado del cramdown en perjuicio de los demás acreedores”, añadieron.

Y cerraron: “Molinos Agro y Louis Dreyfus Company ratifican su compromiso con un proceso transparente, equitativo y ajustado a derecho, que garantice igualdad de condiciones y libertad de decisión para todos los acreedores genuinos involucrados”.