Un estudio conjunto de instituciones de esa provincia reveló que, entre las campañas 2018/19 y 2024/25, el agro entrerriano transfirió esa cifra a las arcas nacionales. En la última campaña, el monto equivalió al 27% de la producción de maíz.

Un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER), el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y las Facultades de Ciencias Económicas y Agropecuarias de la UNER, analiza el impacto de las retenciones (DEX) sobre los principales cultivos de la provincia: soja, maíz, trigo y sorgo.

El trabajo estima que, en promedio, Entre Ríos transfirió 93 millones de dólares por año al Estado Nacional en concepto de derechos de exportación entre las campañas 2018/19 y 2024/25.

“El pico se registró durante la campaña 2021/22, cuando el ingreso fiscal alcanzó los 143 millones de dólares, impulsado por los altos precios internacionales y buenos volúmenes exportados”, advierte el comunicado de la entidad.

SEQUÍA, PRECIOS Y RECUPERACIÓN

En el otro extremo, la sequía de 2022/23 marcó un fuerte retroceso. La caída en la producción y en los precios internacionales redujo las exportaciones y, en consecuencia, los ingresos fiscales.

No obstante, la campaña 2024/25 muestra una recuperación interanual, motorizada por una cosecha récord de soja y una baja temporal en las alícuotas.

De acuerdo con el estudio, el monto recaudado por el Estado Nacional en la última campaña equivale al valor productivo de 209.240 hectáreas de soja; es decir, el 16% del área sembrada en la provincia, o bien a 532.086 toneladas de maíz al precio pizarra del 4 de septiembre, lo que representa el 27% de la producción entrerriana del cereal.

UNA CARGA QUE CONDICIONA LA RENTABILIDAD

El informe señala que las retenciones representan una transferencia significativa de recursos desde el sector agrícola entrerriano hacia el Estado Nacional, sin que esos fondos sean coparticipables con la provincia.

Además, advierte que esta carga impacta directamente en la rentabilidad y las decisiones de inversión del sector, especialmente en regiones con menor competitividad relativa y mayores costos logísticos.

“En provincias como Entre Ríos, donde las distancias a los puertos son largas y los rindes promedio suelen ser menores que en la zona núcleo, las retenciones agravan las brechas de competitividad”, destaca el trabajo técnico.

Dentro del esquema de derechos de exportación, la soja continúa siendo el cultivo que más recursos aporta. En años de precios altos y alícuotas elevadas —como en 2021/22—, los productores sojeros fueron los principales contribuyentes al fisco nacional.

Sin embargo, también fueron los que más sufrieron los efectos de la sequía y la presión impositiva, factores que redujeron los márgenes y frenaron inversiones en tecnología y sustentabilidad.

SEGMENTAR PARA SOSTENER AL PRODUCTOR

Los autores del estudio plantean la necesidad de revisar el esquema actual de retenciones, teniendo en cuenta no solo los objetivos fiscales del Estado, sino también las consecuencias económicas y productivas que generan.

En particular, proponen mecanismos de segmentación que consideren la situación de los pequeños y medianos productores, los más afectados por las políticas impositivas.

Lo que las retenciones se llevaron: en Entre Ríos, el equivalente a 3.700 tractores por año

“El desafío es encontrar un equilibrio que permita sostener la recaudación sin castigar la competitividad del interior productivo”, concluye el informe.

UNA TRANSFERENCIA SILENCIOSA

El análisis deja en evidencia que, más allá de los ciclos climáticos y de precios, las retenciones implican una transferencia estructural de recursos del agro entrerriano al Estado Nacional.

Solo en el último ciclo agrícola, ese monto habría alcanzado una cifra suficiente para financiar por completo la producción de más de 200.000 hectáreas de soja, una magnitud que ilustra el peso fiscal que soporta el campo de Entre Ríos.