La Policía de Córdoba secuestró de un establecimiento del sur de esa provincia 1.060 animales, que se llevaron a San Luis, en medio de un caso de estafa que se investiga en La Pampa. El dueño del campo cordobés asegura que los ejemplares son propios y están trazados.

Una verdadera novela está ocurriendo por estas horas dentro de la ganadería argentina, con protagonistas en la zona en que se unen el sur de Córdoba, La Pampa y San Luis.

El foco del conflicto es la propiedad de un millar de bovinos que fueron secuestrados de un establecimiento cordobés, en el marco de una investigación por estafa con cheques que avanza en tribunales de La Pampa.

Según la historia reconstruida en las últimas horas por el sitio Valor Agregado Agro, el primer capítulo ocurrió durante el fin de semana, cuando la Policía de Córdoba llevó adelante un operativo mediante un exhorto judicial entre La Pampa y Córdoba, con intervención de la Policía Judicial cordobesa, la UR9 y finalmente la Patrulla Rural Sur.

En concreto, la orden fue recuperar 1.060 bovinos que estarían vinculados a una estafa denunciada en 2025, por un monto cercano que -dependiendo la fuente- rondaría entre $ 800 millones y $ 2.000 millones, originada por la entrega por parte de una empresa de cheques sin fondos, a cambio de más de mil cabezas de ganado.

La maniobra fue denunciada en mayo de 2025 y tuvo como víctima a la firma pampeana de Rancul, San Jorge Cereales y Hacienda SA. Los supuestos estafadores son una pareja oriunda de General Pinto (Buenos Aires).

DEL SECUESTRO AL ESCÁNDALO

Así, el conflicto comenzó cuando la Unidad Departamental Río Cuarto y la Patrulla Rural Sur dieron marcha a la orden judicial pampeana, y procedieron al decomiso y traslado de los animales a un establecimiento de San Luis.

El gran problema es que el titular del establecimiento de donde se secuestraron los bovinos, el consignatario cordobés Carlos Lanser, asegura que el procedimiento se hizo con absolutas falencias, ya que los policías se habrían llevado del lugar animales que son de su propiedad y afirma que tiene las pruebas para comprobarlo, mediante la trazabilidad.

En declaraciones a la radio LV16 de Río Cuarto, Lanser denunció “avasallamiento a la propiedad privada”, mal accionar de la Policía de Córdoba y pidió la inmediata restitución de la hacienda. “Voy hasta las últimas consecuencias”, subrayó.

Según Lanser, el procedimiento fue “inconstitucional”, denunció graves irregularidades en el operativo y sostuvo que los animales retirados son de su propiedad, con documentación y trazabilidad plenamente respaldadas.

Cabe mencionar al respecto que la consignataria de Lanser no es una empresa ni nueva ni desconocida: tiene 87 años de trayectoria dedicada a la ganadería y a otras unidades de negocios.

En este marco, Lanser insistió en que los policías “no verificaron marcas ni caravanas”. En este punto, el consignatario ahondó en que los animales tienen incluso tres sistemas de identificación, por lo que es imposible cambiarlos: dos oficiales del SENASA y uno propio de la firma, utilizado para garantizar trazabilidad total.

“No tenemos registro de qué animales salieron del campo porque no nos dejaron verificar nada. Está todo filmado. Es como si entran a tu casa a buscar tres televisores y se llevan dos camas”, ejemplificó.

Además, remarcó que la propia orden judicial indicaba la necesidad de verificar número de caravana y marca, algo que —según volvió a insistir— no se cumplió. “Eso invalida el procedimiento. Es una violación directa a la propiedad privada”, sostuvo.

En este contexto, Lanser apeló a la intervención del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien en las últimas horas se expresó públicamente sobre el caso, para destacar la labor de la Policía cordobesa.

“Apelo a la buena voluntad del ministro porque se procedió muy mal. No hablo de la policía rural local, sino de quienes ejecutaron el procedimiento. Fue un avasallamiento total”, remarcó.

Para reforzar estos aspectos, el productor confirmó que ya se presentó toda la documentación tanto en la Justicia de Córdoba como en la de La Pampa, incluyendo papeles respaldatorios y trazabilidad completa de la hacienda, y que se solicitó formalmente la restitución inmediata de los animales.

“Un animal necesita entre 18 kilos de materia seca y 30 a 40 litros de agua por día, con estos calores. No están dadas las condiciones. Esto también genera un perjuicio enorme”, advirtió.

LA VERSIÓN DE LA JUSTICIA DE LA PAMPA

Por otro lado, Valor Agregado Agro también reconstruyó lo expresado por el fiscal adjunto Matías Juan, quien está a cargo de la investigación y fue quien pidió el secuestro de los animales, al avanzar la denuncia de una empresa que perdió más de 1.100 cabezas tras operaciones realizadas con cheques sin fondos.

Así fue que Juan consideró el operativo como “exitoso” y detalló que entre esos 1.060 animales “recuperados a favor de la víctima” hay vacas, vaquillonas, vacas preñadas y toros.

Juan sostuvo que la investigación, desarrollada durante varios meses y con informes previos del SENASA, permitió detectar movimientos considerados sospechosos.

“A partir del avance de la causa y con la colaboración de los damnificados, advertimos maniobras compatibles con un posible encubrimiento”, al referirse a la presencia de la hacienda en un establecimiento rural de Lanser.

Según la hipótesis que investiga la fiscalía pampeana, los animales habrían sido resguardados en ese campo luego de haber sido obtenidos de manera ilícita por los autores de la estafa.

“Se sospecha que los animales fueron recibidos con conocimiento de su procedencia ilícita, con el objetivo de evitar su hallazgo y posterior incautación por parte de la Justicia”, indicó el fiscal al portal Infohuella de La Pampa.

Finalmente, el funcionario judicial confirmó que los vacunos secuestrados fueron trasladados, con autorización judicial, a un campo ubicado en Fortuna, San Luis, donde quedaron bajo la figura de depositarios judiciales a cargo de la empresa denunciante. Además, anticipó que la causa continúa en etapa investigativa.

“Eventualmente, el titular del establecimiento donde se encontraban los animales podría ser citado a prestar declaración, quedando todas las partes sujetas a las resultas del proceso”, concluyó.