La medida busca optimizar la protección de los recursos marinos frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), asegurando la soberanía nacional sobre la plataforma continental nacional.

Mediante una disposición de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, entró en vigencia a partir de este miércoles una normativa que busca fortalecer la vigilancia y el régimen de sanciones contra buques de bandera extranjera que operan de manera ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

“El objetivo principal de la norma es transformar conceptos técnicos complejos en estándares claros y verificables”, indicó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en un comunicado.

EL NUEVO PROTOCOLO CONTRA LA PESCA ILEGAL

En concreto, a partir de ahora se establecerán presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento del buque, en función de los siguientes parámetros:

• Maniobras sospechosas: se considerará que un buque extranjero está pescando ilegalmente si navega a una velocidad inferior a 6 nudos realizando cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca.
• Foco en el calamar: para los buques “poteros” (especializados en calamar), la presunción operará si navegan a 2 nudos o menos sin justificación.
• Tecnología de vanguardia: el control se apoyará en el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, utilizando registros satelitales y electrónicos como evidencia de alta precisión.

De este modo, “la normativa no solo busca sancionar, sino también garantizar un proceso justo”, completaron desde la dependencia agropecuaria.

Argentina refuerza el control del Mar Argentino contra la pesca ilegal.
Se establecerán presunciones de pesca ilegal basadas en el comportamiento del buque.

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— Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (@agriculturaar) February 4, 2026

Vale aclarar que el proyecto permite que los capitanes de los buques presenten sus descargos y pruebas técnicas (como reportes meteorológicos o partes de avería) para justificar sus movimientos, asegurando el cumplimiento del debido proceso.

“Esta iniciativa se alinea con el Principio Precautorio, que obliga al Estado a actuar preventivamente ante la posibilidad de daños graves al ecosistema marino, incluso antes de tener una certeza científica absoluta en el momento de la detección”, indicó la SAGYP.