La discusión por el marco normativo en el mercado de semillas está marcado por quejas desde todos los ámbitos y un Estado que sigue eligiendo no participar. Desde Apronor insistieron con sus fuertes cuestionamientos a UPOV 91

Una reunión que tuvo momentos acalorados durante Expoagro, entre la Mesa de Enlace y el Gobierno, con la participación de miembros de Aapresid y de CREA, fue el presagio de lo que se venía: más allá de la cordialidad que se declama puertas afuera, el debate para actualizar la Ley de Semillas está mucho más álgido de lo ya controvertido que se preveía.

En las últimas horas, los que plantaron su bandera fueron los semilleros: a través de su entidad madre -la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM)-, se declararon en crisis y culparon fundamentalmente a la falta de uso de semillas fiscalizada.

En paralelo, la Asocación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), que ganó notoriedad hace una semana por su fuertes críticas hacia el Gobierno ante la intención de adherir al protocolo UPOV 91, volvió a generar un comunicado en el que redobló la apuesta y aseguró que los productores no están dispuesto a “inmolarse” si avanza este proceso.

SEMILLA FISCALIZADA EN CRISIS

“El sector semillero de autógamas atraviesa un momento crítico y requiere una agenda común urgente”, tituló la CASEM su comunicado, en el que expresó además su “profunda preocupación por la situación que atraviesa el sector semillero de especies autógamas en Argentina, caracterizada por un estancamiento que afecta tanto la inversión como la sustentabilidad del sistema”.

En este marco, la entidad reafirmó el rol central que cumple la calidad de la semilla como base del desarrollo productivo, la innovación tecnológica y la competitividad del agro argentino.

En este sentido, la Cámara destacó la necesidad de promover activamente el uso de semilla fiscalizada, herramienta clave para garantizar estándares de calidad, trazabilidad y respaldo técnico.

“Sin embargo, el sector enfrenta hoy una situación compleja, evidenciada por el bajo porcentaje de comercialización de semilla fiscalizada, lo que debilita el sistema en su conjunto y desalienta la inversión en genética y tecnología”, acusó.

Frente a este escenario, CASEM considera indispensable avanzar en la conformación de una mesa de diálogo amplia e inclusiva, que integre a todos los eslabones de la cadena semillera, con el objetivo de construir consensos y “superar las actuales posiciones antagónicas que impiden el desarrollo del sector”.

“Asimismo, la Cámara reafirma su convicción de que la semilla debe ser considerada un bien estratégico, en tanto constituye el primer eslabón de toda producción agropecuaria y un factor determinante para el crecimiento sostenible del país”, continió.

Al respecto, dio en la tecla con algo clave: “Resulta fundamental el rol del Estado, que a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE) debe actuar como garante del funcionamiento equilibrado de la cadena, promoviendo reglas claras, previsibilidad y condiciones que favorezcan la inversión y la innovación”, enfatizó.

Finalmente, CASEM informó que cuenta con propuestas concretas orientadas a destrabar el actual escenario de estancamiento, y manifestó su plena disposición a trabajar de manera conjunta con todos los actores involucrados para alcanzar soluciones superadoras que beneficien al conjunto del sistema productivo.

PRODUCTORES “INMOLADOS” CON UPOV 91

En paralelo, el comunicado de Apronor se titula “Cartelización de la producción de semillas y UPOV 91: el camino hacia la inmolación de productores”, e inicia insistiendo en que el milagro del crecimiento de la producción brasileña no se dio por adherir o no a estas normas, lo mismo que Paraguay, Uruguay y Bolivia.

“El único país que prácticamente no creció en los últimos años es Argentina. Hay un factor común para esos países que crecieron: a sus productores no se les aplican Derechos de Exportación (DEX). Estamos de acuerdo con que el presidente de la Nación cumpla con los acuerdos pactados, sin embargo, rechazamos que nuestro sector sea la moneda de cambio de dichos acuerdos”, apuntaron desde Apronor.

“Para ser más precisos, no queremos ser inmolados en este proceso. Un esquema que inmola al productor argentino UPOV 91 va a representar para los productores argentinos severas limitaciones en el uso propio de las semillas, como así también cobros compulsivos e indiscriminados de regalías, entre otros perjuicios importantes”, remarcaron.

Desde su punto de vista, afirmaron también estar convencidos de que el uso propio no es un privilegio, ¡sino una necesidad. “Mientras tanto, en el ámbito nacional, la Secretaría de Agricultura, a través del INASE (Instituto del Área de Semillas), con su Resolución 200/2024, nos deja prácticamente, de facto, sin el uso propio de numerosas variedades de semillas”, se quejó la Asociación con base en Tucumán.

Y allí fue al hueso contra el expresidente del INASE, Claudio Dunan, que firmó en 2024 la resolución mencionada.

“Como para que nos vayamos conociendo, Dunan, previo a su paso por el INASE, fue integrante del directorio de Bioceres. Esta es una de las tantas resoluciones gravosas para nuestro sector y que intentan distorsionar lo que consideramos una buena Ley de Semillas, la vigente”, disparó.

Ante la queja de los semilleros, en tanto, denunció que el gobierno está tratando de instalar que esta “mejor tecnología” compensa el mayor costo. Sin embargo, en Apronor aseguran que no es así y dieron un ejemplo.

“Es importante que la opinión pública conozca algunas realidades del norte de Argentina. Una de las variedades de soja más sembradas en cantidad de superficie en el NOA es AW 6410 IPRO; la misma tiene más de 15 años en el mercado y la mayoría de las nuevas variedades, Conkesta y/o Enlist, no la pueden superar en rendimiento, tanto a campo como en macroparcelas”, repasaron desde la Asociación del norte.

Y prosiguieron: “Así como en el caso de la soja, pasa también en otras autógamas, por ejemplo, garbanzo, donde el precio de consumo es de 240 dólares por tonelada, cuando, como semilla certificada, llega a costar hasta 2800 dólares”.

Así, “si se adaptan bien a las condiciones productivas del norte, no importa: el productor tendrá que pagar, aunque probablemente seguirá usando las variedades adaptadas a nuestra zona; pero, pagando la semilla ‘certificada’, queda dentro del marco ‘legal’”, afirmaron desde Apronor.

En este contexto, aseguraron que muchos semilleros apilan genes mediante el procedimiento de edición génica (hoy en día no es ni complejo ni caro) en variedades de soja que ya tienen años en el mercado; les cambian el nombre, las inscriben y, de esta forma, nace una nueva variedad que, generalmente, no supera a la original.

Además, los genes de resistencia a herbicidas o insectos, en muchos casos, ya no funcionan: se quebró la resistencia/tolerancia para el fin que fue agregado.

“Por supuesto, pagamos este “avance genético”. Aun así, en herbicidas volvimos a usar herramientas prehistóricas; en insecticidas, lo mismo: estamos usando productos que usaban nuestros padres. Nadie mide o le importa el impacto ambiental. El productor que busca incluir cultivos de servicio (trigo, centeno, vicia) para mejorar sus lotes con su propia semilla, no con un fin de cosecha —porque los costos y la imprevisibilidad de nuestra zona lo hacen inviable económicamente—, deberá dejar sus campos vacíos”, lamenta este análisis.

Y cierra de manera contundente: “Seamos claros: el Estado está para recaudar, no para perder tiempo en detalles productivos. En el caso del maíz, el comité “Salvemos al Maíz” reclamó y pidió a distintas autoridades, tanto del Senasa como de la Secretaría de Agricultura nacional y provinciales, que se agregue el estatus sanitario frente a achaparramiento con la misma escala en las bolsas/flyers de los distintos híbridos, desde principios de 2024, con resultado nulo. Si esto ocurriera, no se podrían vender híbridos sensibles a más de un productor desprevenido”.