Efecto Norton: irregularidades por casi $1.000 millones comprometen a una cooperativa mendocina
Las alarmas se encendieron en el Valle de Uco por las consecuencias que ha traído una operatoria financiera del 2024 entre la bodega y Cooperativa San Carlos, que involucra también a una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).
El efecto dominó de la crisis financiera de Bodega Norton ha hecho tambalear una nueva pieza. Es que Cooperativa San Carlos, una bodega ubicada en La Consulta que reúne a decenas de productores del Valle de Uco ha entrado en una delicada situación, con una deuda que roza los $1.000 millones, producto de las irregularidades en una operación realizada en 2024 con la empresa lujanina.
Según explicó Cristian Giusti, vicepresidente de la Cooperativa, el conflicto se originó hace ya dos años a partir de una venta de vino a Bodega Norton, realizada mediante Acindar, una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), y un crédito otorgado por el Banco Santander.
Dentro del sector agropecuario, la situación ha generado preocupación y fue alertada en un comunicado de la Sociedad Rural del Valle de Uco, compartido por la Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Allí, estas entidades expresaron su preocupación ante la situación planteada por la Cooperativa San Carlos Sud Ltda. “en relación con una operatoria financiera que, conforme surge de las presentaciones efectuadas ante las autoridades competentes, podría involucrar mecanismos que se aparten de los objetivos y finalidades para los cuales fue concebido el sistema de Sociedades de Garantía Recíproca”.
UNA COOPERATIVA Y OTRO CONFLICTO PARA NORTON
De acuerdo a lo narrado por Giusti a Infocampo, la operación surgió cuando Norton ofreció comprar vino de exportación de primera calidad, pero bajo una condición: que la transacción se realizara mediante una SGR y con financiamiento bancario.
“La única forma en que te compraban el vino era por intermedio de una SGR y tomando un crédito”, explicó el dirigente.
La cooperativa aceptó avanzar porque necesitaba liquidez para comenzar a pagarles a sus socios productores. Sin embargo, allí apareció uno de los puntos que hoy cuestionan: la misma SGR que tiempo antes no había avalado un crédito de cosecha y acarreo por $26 millones, terminó avalando una operación cercana a los $500 millones.
Según Giusti, la cooperativa no buscaba financiamiento para vender vino, sino que el crédito formó parte de una estructura previamente diseñada entre la empresa compradora y Acindar.
EL RECLAMO TRAS LA FALTA DE PAGO
Así, el conflicto escaló cuando, siempre según el relato de la cooperativa, Norton no habría cancelado la operación y Acindar comenzó a reclamar el pago a la entidad mendocina. “El reclamo debería hacerse a Norton, porque ellos tienen la factura de cobro del vino”, sostuvo Giusti.
La deuda original terminó creciendo hasta ubicarse, según detalló, en unos $875 millones debido a la acumulación de intereses financieros en un contexto de tasas elevadas.
Como consecuencia, la cooperativa quedó categorizada en situación crediticia irregular dentro del sistema financiero. Eso, afirmaron desde la entidad, les impidió acceder a financiamiento para cosecha, acarreo y prefinanciación de exportaciones.
Es por eso que los ruralistas del Valle de Uco encendieron las alarmas: “De confirmarse la existencia de desvíos respecto del objeto y finalidad previstos en la Ley 24.467, ello generaría una seria preocupación institucional, particularmente en relación con la protección del entramado PyME y cooperativo que el régimen legal procura promover y fortalecer”.
“El sistema de Sociedades de Garantía Recíproca constituye una herramienta fundamental para facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y productores del interior del país. Su adecuada utilización resulta esencial para sostener la confianza en instrumentos destinados al desarrollo productivo y al fortalecimiento de las economías regionales”, subrayaron.
Por ello, pidieon que la autoridad de aplicación lleve adelante “una revisión exhaustiva de los hechos denunciados, a fin de determinar si las operatorias involucradas se ajustaron plenamente al marco normativo vigente y a los principios que inspiran el régimen de garantías recíprocas”.
“Asimismo, entendemos indispensable preservar la transparencia y previsibilidad del sistema, evitando que situaciones que eventualmente pudieran desvirtuar su finalidad afecten la confianza de las PyMEs, cooperativas y productores que recurren legítimamente a estas herramientas para acceder al financiamiento productivo”, agregaron.
Por eso, solicitaron a las autoridades nacionales y provinciales competentes que “actúen con celeridad y objetividad en el análisis de esta situación, garantizando el adecuado funcionamiento de las herramientas creadas para promover el financiamiento productivo de las pequeñas y medianas empresas argentinas”.
⚠️ Valle de Uco: Ruralistas advierten sobre presuntas irregularidades que comprometerían a una cooperativa mendocina
La Sociedad Rural del Valle de Uco, la Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza y CRAexpresan su preocupación ante la situación planteada por la…— CRA (@CRAprensa) May 19, 2026
LA CONVOCATORIA DE ACREEDORES Y LOS CHEQUES OBSERVADOS
En este contexto, otro de los puntos señalados por la cooperativa tiene relación con la convocatoria de acreedores de Norton, la cual se remonta a octubre de 2025, cuando se conoció las millonarias deudas que acarreaba la empresa y los conflicto familiares en su manejo.
Giusti aseguró que, luego de que la empresa informara que asumiría el pago, la SGR canceló el crédito original y posteriormente se armó un nuevo esquema de pago mediante cheques, en el que la cooperativa volvió a intervenir como endosante.
Según indicó, esos cheques fueron emitidos apenas antes de que Norton se presentara en convocatoria. “Emitieron cheques sabiendo que se iban a presentar en convocatoria”, afirmó. Además, aseguró que parte de esa documentación forma parte de la causa judicial actualmente en trámite.
Por estos motivos, la cooperativa ya presentó una denuncia penal contra Norton y prepara otra contra la SGR involucrada en la operatoria. También realizó una presentación ante la Secretaría PyME de la Nación, organismo encargado de controlar a las sociedades de garantía recíproca.
De acuerdo con Giusti, uno de los planteos centrales es que las SGR deberían garantizar financiamiento para pequeñas y medianas empresas y no estructurar operaciones vinculadas a grandes compañías.
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