En Río Cuarto se realizó Argencarne y el presidente del Sociedad Rural local opinó sobre el reglamento europeo antideforestación y el VISEC. "Hay que garantizar libertad de elección y que no se imponga una plataforma de manera obligatoria o mediante presiones comerciales", enfatizó.

La Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC) fue sede recientemente de un gran evento organizado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), denominado “Argencarne”, en el que se debatieron todos los temas que hacen a la coyuntura precisamente de la ganadería, tanto bovina como de otras especies.

En ese contexto, hubo un tema que inevitablemente tomó protagonismo: el pronto inicio, a partir de enero próximo, de la vigencia del reglamento 1115 de la Unión Europea que prohíbe el ingreso a ese mercado de carne, soja y otros productos agropecuarios que no provengan de campos “libres de deforestación”.

Para cumplir con esa obligación -que supone certificar que los novillos de los que sale la carne fueron alimentados en establecimientos que no sufrieron desmonte desde 2020 en adelante-, el sector privado argentino armó la plataforma denominada VISEC, que precisamente actúa como una suerte de certificadora de esta trazabilidad requerida por el Viejo Continente.

Si bien también hay otras herramientas similares disponibles para cumplir con la normativa, hay frigoríficos que ya comenzaron a avisar que disminuirán el precio que pagan por la hacienda de exportación al comprarle a productores que no estén inscriptos en el VISEC, lo que ha generado una ola de reclamos y controversias en la relación entre el ruralismo y la industria.

Enojo ganadero: acusan a frigoríficos de aplicar descuentos a la hacienda no inscripta en el VISEC

EL VISEC, BAJO LA MIRADA RIOCUARTENSE

En este contexto, en diálogo con el programa Inteligencia Agropecuaria de Radio Continental Córdoba, el presidente de la Rural riocuartense, Heraldo Moyetta, consideró que estas disputas demuestran que todavía hay una gran falencia en toda la cadena de valor cárnica: más integración entre los diferentes eslabones, sobre todo entre la producción y la industria.

-Parte del debate en Argencarne estuvo centrado en el análisis del negocio y la coyuntura ganadera. En algunos sectores se habla de un “boom ganadero”. ¿Es una descripción acertada de lo que está ocurriendo.
-Durante la Mesa Federal de Carnes contamos con representantes de gobiernos provinciales de Santa Fe, San Luis, Misiones y La Pampa, donde quedó expuesto que las realidades varían según la región geográfica y el tipo de productor. El principal problema señalado por todos fue la falta de infraestructura rural. Además, se remarcó la necesidad de integrar más la producción con la industria frigorífica, ya que a menudo se trabaja de forma aislada. Aunque el consumo total de carnes en el país se mantiene elevado gracias a alternativas como el pollo y el cerdo, el consumo de carne bovina atraviesa un mínimo histórico a nivel local, mientras que la demanda internacional de carne vacuna es muy firme. Sin embargo, la industria volcada al mercado interno enfrenta cuellos de botella porque no todas las plantas están habilitadas para exportar. Por todo esto, no estamos ante una situación ideal ni ante un “boom”, sino ante una coyuntura de buenos precios. Para consolidar el sector se requieren políticas de Estado de largo plazo, previsibilidad, crédito con tasas acordes —como agilizar las líneas a valor producto del Banco BICE— y una recomposición de la infraestructura y del rodeo nacional.

-Uno de los temas que aparece como un obstáculo y viene creciendo la tensión tiene que ver con la exigencia de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación y la presión de algunos grandes frigoríficos para registrarse en el VISEC. ¿Cuál es su postura al respecto?
-Sí. Es un tema muy candente. La Unión Europea tiene la libertad de establecer las condiciones que requiera como cliente, pero en Argentina menos del 6% del territorio presenta situaciones vinculadas a la deforestación, por lo que no debería constituir un problema insalvable. Lo fundamental es garantizar la libertad de elección y que no se imponga una plataforma de manera obligatoria o mediante presiones comerciales. Actualmente existen entre cuatro y cinco plataformas autorizadas —incluyendo desarrollos de la provincia de Santa Fe e incluso la opción de adaptar el sistema SIGA del SENASA—. Desde las entidades gremiales como CRA estamos trabajando para evitar roces innecesarios. Debemos enfocar los esfuerzos con el Gobierno nacional y las provincias en resolver los problemas estructurales del sector —financiamiento, infraestructura, sanidad y retención de vientres— en lugar de perder tiempo en disputas comerciales burocráticas.

“El productor que quiera vender animales para exportar carne a Europa, tiene que amigarse con el VISEC”

-Por otro lado, en el sur cordobés hay un tema de permanente debate, que es el reclamo por la eliminación de las guías ganaderas. ¿Cuál es la situación actual de ese pedido?
-Es un planteo histórico fundado en que el cobro de la guía perdió su contraprestación cuando el sistema migró hacia la autogestión digital. Comprendemos que para los municipios pequeños ese ingreso resulta importante para financiar escuelas rurales u obras locales. Sin embargo, la solución técnica y legal es muy simple: la tasa está atada a la Ley Provincial de Marcas y Señales de Córdoba. Si el Gobierno provincial deroga esa ley, el cobro municipal se termina de forma inmediata. Posteriormente se podrá discutir de qué manera se compensa o apoya a los municipios, pero la decisión de fondo para resolver este costo innecesario para el productor depende del gobierno provincial
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