¿Qué fue lo que se quitó de la Ley Agroexportadora para reducir su impacto potencial a una quinta parte? Pregunten a las automotrices

El Consejo Agroindustrial Argentina (CAA) presentó a mediados de 2020 un proyecto de ley a las autoridades nacionales y los gobernadores que ilusionaba porque apuntaba a producir un shock de impacto mayúsculo en el flujo de inversiones en el sector, permitiendo generar empleos para otras 700.000 personas y elevar las exportaciones nacionales de los 65.000

El Consejo Agroindustrial Argentina (CAA) presentó a mediados de 2020 un proyecto de ley a las autoridades nacionales y los gobernadores que ilusionaba porque apuntaba a producir un shock de impacto mayúsculo en el flujo de inversiones en el sector, permitiendo generar empleos para otras 700.000 personas y elevar las exportaciones nacionales de los 65.000 millones de dólares de ese momento a unos 100.000 millones de dólares. Es decir, incrementarlas en 35.000 millones.

Primero los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y hasta la propia Cristina Kirchner -enemistada históricamente con el sector- tomaron con entusiasmo esa alternativa y prometieron apoyarla. Pero después el Poder Ejecutivo generó comisiones técnicas para analizar los alcances y más adelante decidió cajonear la iniciativa durante largos meses. El tiempo de espera recién terminó cuando el sopapo electoral de las PASO convenció a las autoridades de que era hora de mostrar gestión.

El jueves por la noche se encontraron Alberto y Cristina después de aquella resonante derrota, que desencadenó una crisis en el gobierno. Allí, el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se apropió de la iniciativa y sin siquiera agradecer el aporte del CAA, dijo que su origen se remontaba a PEA (Plan estratégico Agropecuario) que había impulsado tanto él como Cristina en 2010, durante su primer paso por la cartera agropecuaria.

Domínguez, además, repitió que con la sanción del llamado “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” se iban a poder elevar las exportaciones argentinas a 100.000 millones de dólares y crear 700 mil nuevos puestos de trabajo, como decía el CAA en sus planteos originales.

Pero en el mismo momento en que Domínguez realizaba tan ampulosos anuncios, el Consejo Agroindustrial distribuía un estudio en el que acotaba muchísimos los objetivos que se había planteado inicialmente. Ya no era llevar las exportaciones a 100 mil millones de dólares sino simplemente elevarlas en unos 7.000 millones de aquí a 2026 (la quinta parte de la proyección inicial). Y en materia de creación de empleo, ya no se hablaba de 700 mil puestos nuevos sino apenas de 150 mil.

¿Qué sucedió para que el famoso Plan Agroexportador haya quedado reducido a una mínima expresión de lo que era? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que cambió entre el texto del proyecto de ley original y éste que ahora firmó el Presidente para enviar al Congreso?

Salta a la vista, que los objetivos a los que apunta la ley se redujeron de un año al otro -y tras atravesar el filtro oficial- a la quinta parte de lo que eran en los orígenes de esta discusión.

El documento del Consejo Agroindustrial celebraba (porque mejor es poco que nada) los beneficios para nuevas inversiones destinadas a exportar una mayor cantidad de bienes, para generar más divisas y crear nuevos trabajos. Esta es la lista de beneficios previstos en el proyecto:

¿Y qué fue lo que se quitó del anteproyecto original que elevó el CAA a las autoridades? Pues algo que el mismo gobierno acaba de anunciar este viernes, pero para la industria automotriz.

Para ese sector fabril, que suele ser mimado por todos los gobiernos, el Poder Ejecutivo anunció la eliminación de las retenciones para las “exportaciones incrementales”. ¿Qué quiere decir? Que durante 2022 las empresas que fabrican autos (en buena medida con partes importadas) continuarán tributando las alícuotas actuales de derechos de exportación hasta un monto equivalente a las ventas externas de 2020. Pero que todo lo que exceda esa cifra quedará a salvo del temible tributo aduanero.

La medida a favor de las automotrices fue presentada por los ministros de Economía, Martín Guzmán; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dos de los funcionarios que inicialmente habían dado su visto bueno a la propuesta del Consejo Agroindustrial, pero que luego comenzaron a meterle hacha para podarla y dejarla convertida en una mínima expresión de lo que era.

Lo que la Ley Agroindustria proponía era justamente eso, que si el agro lograba incrementar sus niveles de exportaciones durante la vigencia de la nueva ley, las retenciones a la exportación (que son mucho más elevadas que las que pagan los autos) s fueran reduciendo paulatinamente.

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