Al final, ¿está cerrado o no el registro de exportación de maíz?
En la Argentina nunca es sencillo explicar de qué se tratan las políticas públicas y lo que sucede en el mercado de cereales no es la excepción. Ayer Bichos de Campo informó algo que no constituye sorpresa alguna para los integrantes del sector comercial granario: se agotó el cupo de exportación tácito determinado por el
En la Argentina nunca es sencillo explicar de qué se tratan las políticas públicas y lo que sucede en el mercado de cereales no es la excepción.
Ayer Bichos de Campo informó algo que no constituye sorpresa alguna para los integrantes del sector comercial granario: se agotó el cupo de exportación tácito determinado por el gobierno nacional para el maíz 2020/21, es decir, el cosechado en el presente año.
Y luego comenzaron las dudas: que el registro de exportación de maíz está cerrado, no, que está abierto, qué corno es el cupo tácito y así.
La respuesta, lamentablemente, no es sencilla, porque el registro para realizar Declaraciones de Ventas Externas de Maíz (DJVE) 2020/21 está formalmente abierto, pero en los hechos está cerrado hasta nuevo aviso.
¿Cómo es eso posible? Porque las exportaciones tanto de maíz como de trigo operan en el marco de un régimen de “autorregulación privado” con vigilancia estatal, en el cual, una vez establecido un cupo teórico de exportación por parte del Ministerio de Agricultura, los exportadores van anotando DJVE hasta completar la cuota, de manera tal de asegurar –según el criterio determinado por el gobierno– disponibilidad de granos para los usuarios internos del mismo.
El cupo es “tácito”, precisamente, porque la metodología no está implementada a través de un decreto o resolución oficial, sino por medio de un “acuerdo de palabra” establecido entre representantes del sector privado –exportadores, acopios e industrias agroalimentarias– con la venia de alguna autoridad del Estado nacional.
Esta situación fue “blanqueada” completamente en mayo pasado, durante el evento de “A Todo Trigo 2021”, donde el propio Diego Cifarelli, presidente de la Federación de la Industria Molinera, llegó a admitir que “el gobierno nos dijo o arreglan entre ustedes o no tengo otra opción que intervenir (el mercado de trigo)”. Lo mismo sucedió en el caso del maíz.
También es bueno recordar que la amenaza realizada por funcionarios del gobierno de Alberto Fernández se había cumplido el 30 de diciembre de 2020, cuando, a pocas horas de levantar las copas para dar la bienvenida al año 2021, sorpresivamente se cerró el registro de exportaciones de maíz para recién ser reabierto, de manera condicionada, el 11 de enero pasado.
Frente a esa disyuntiva, los integrantes de la cadena comercial de ambos cereales crearon durante el verano pasado un sistema de “autorregulación” o “responsabilidad social” –como ellos mismos lo definen– porque entienden que es mejor regularse internamente que ser regulados por el gobierno, dado que el “control de daños” de esa metodología sería mucho menor.
El régimen de “autorregulación” constituye el tercer método de “desacoplamiento” de los precios de los cereales, dado que los otros dos son un derecho de exportación del 12% y una “retención cambiaria” generada por la brecha entre el tipo de cambio oficial (intervenido por el gobierno) y el libre negociado entre privados (MEP).
Todo esto representa una oportunidad única para reflexionar cómo hace Brasil para ser un líder global en producción de proteínas animales –es decir, granos transformados en carne– con precios de los cereales y oleaginosos libres de derechos de exportación, retenciones cambiarias y desacoplamientos de mercado.
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