Consejo Federal Agropecuario: Buenos Aires, duro contra la Nación por inundaciones, el INTA y otros reclamos
En Córdoba se desarrolló la reunión del CFA Regional Pampeana. En medio de las múltiples temáticas tratadas, hubo fuertes cruces por planteos del ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez.
Hay dos formas de describir la reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA) Regional Pampeana que se llevó adelante este miércoles en el Centro Cívico de la Ciudad de Córdoba.
Una, más protocolar, es la que eligieron los anfitriones: el Ministerio de Bioagroindustria cordobés, encabezado por Sergio Busso, difundió un detalle de los temas hablados, sin más consideraciones al respecto.
La otra, en tono más político y muy poco amable, fue la que escogió el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) de Buenos Aires, que relató numerosos cruces que hubo entre el titular de esta cartera, Javier Rodríguez, con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta.
EL CFA PAMPEANO, EN CÓRDOBA
“Las autoridades nacionales comunicaron a los representantes de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa las nuevas medidas del Senasa sobre sanidad animal; destacaron los avances de la tecnología aplicada al agro y analizaron las líneas de financiamiento disponibles a valor producto para lechería, porcinos y novillos, entre los temas más importantes”, resumió la dependencia agropecuaria cordobesa.
Y amplió: “Respecto a las nuevas medidas del Senasa se resaltó, en primer lugar, que la reducción de dosis de vacuna contra la aftosa (Resolución 711/2025), mediante la no vacunación de vaquillonas, novillos y novillitos en la segunda campaña de 2026 y la exclusión de los feedlots en la primera campaña, genera un ahorro de 25 millones de dólares para el sector productivo”.
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En tanto, también se abordaron os ejes centrales del recientemente presentado Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky, que actualiza la estrategia sanitaria vigente desde 2009 e introduce nuevas herramientas de vigilancia, diagnóstico y bioseguridad para toda la producción porcina del país.
Asimismo, se conversó sobre la situación actual de la gripe aviar y se informó que Argentina obtuvo la certificación de país libre del virus de parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), lo que permitió la reapertura del comercio de productos aviares con distintos socios comerciales y establecer una estrategia de comercialización basada en la zonificación/compartimentación.
“También se trabajó sobre la construcción de un Plan de Garrapata del Bovino, las modificaciones principales que se están elaborando sobre Brucelosis Bovina y las acciones que se llevan adelante dentro del Plan de Sanidad Apícola”, completó el Ministerio bioagroindustrial cordobés.
En otro orden, se repasaron las distintas líneas de financiamiento a valor producto otorgadas por BICE para el sector de lechería, porcinos, novillos y la ofrecida por el Banco Nación para ovinos, que han tenido una muy buena adhesión y resultados.
“Finalmente, desde el INTA se trazó un panorama sobre tecnología aplicada al agro enfocada sobre riego y el posible impacto que podría tener esto, especialmente en el incremento de los rendimientos que podrían llegar al 50%. Desde el organismo también se informó sobre las ventajas y beneficios del uso de drones para la aplicación de fitosanitarios”, concluyeron desde Córdoba.
BUENOS AIRES, CON LLUVIA DE CRÍTICAS
Como se mencionó, la versión de la reunión de acuerdo con la mirada del MDA bonaerense es bastante crítica.
Lo que no puede dejar de leerse en tono político, habida cuenta del enfrentamiento que la Provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof como gobernador, tiene con el Estado nacional, derivó en una lluvia de reclamos de Rodríguez hacia Iraeta.
El primero fue por las inundaciones en el centro-oeste bonaerense: Rodríguez pidió explicaciones por la paralización de un tramo clave de la obra del Río Salado.
Puntualmente, reclamó la reactivación del tramo 4.2, que el Gobierno de Javier Milei anunció públicamente hace apenas 10 días, pero cuya planificación concreta aún no se conoce.
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“El tramo 4.2 tiene financiamiento nacional. Se anunció que iban a retomar una parte, pero no hay novedades sobre las otras dos subetapas. Si avanzan solo en 10 kilómetros y no en los 30 que hacen falta, el problema sigue exactamente igual. Necesitamos que se reactiven los 30 kilómetros, no que queden 20 de ellos paralizados. Hasta ahora parece que solo están hablando de una parte”, cuestionó.
El ministro también señaló que la obra de impermeabilización del Consorcio de Riego del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO) “está igualmente paralizada y sin previsión de continuidad”, pese a contar con financiamiento internacional asegurado.
“Tenía licitación, financiamiento aprobado y estaba todo listo para que entren las máquinas. El gobierno nacional la frenó sin explicación”, sostuvo.
De acuerdo con la versión del MDA, Iraeta respondió que no hay recursos, y la devolución de Rodríguez fue: “No sé cuán escasos estarán, pero le deben 13 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires”.
OTROS RECLAMOS DE BS AS A LA NACIÓN
Créditos a valor producto
Rodríguez criticó que los préstamos lanzados por el Gobierno nacional bajo la denominación “valor producto” no son realmente así: “Creo que están haciendo un abuso del lenguaje. No es valor producto: es un crédito UVA más 8%. Publicitarlo como valor producto es engañoso”.
“Nosotros en la provincia damos créditos a valor real de producto: litros de leche, kilos de miel, kilos de carne. El productor sabe que debe 100.000 litros de leche y paga según el precio vigente. Eso es valor producto. Lo de ustedes es UVA más un porcentaje, por más que pongan un tope”, opinó.
En ese sentido, consideró que la comunicación oficial debería ser más transparente: “Si la leche sube y la inflación va por otro lado, el productor tiene que afrontar esa diferencia. Por eso digo que no es correcto difundirlo como valor producto. La letra chica dice otra cosa”.
Trazabilidad electrónica obligatoria
Javier Rodríguez se refirió también al sistema obligatorio de trazabilidad electrónica bovina, sobre el que reprochó: “Está claro que implica un mayor costo para el productor. Y además se impone sin diálogo con las provincias”.
Además, mencionó como otro punto en contra que se haya retirado el acompañamiento técnico que Nación había prometido: “Antes se decía que iban a apoyar con aparatos para los productores más complicados. Ahora nos dicen que nada de eso va a estar”.
Desde su punto de vista, además, hay falta de coherencia normativa: “Acá hablan de un proceso de transición, pero la normativa no dice nada de transición. La norma se cumple o no se cumple. Si quieren una transición, que la normativa lo exprese”.
Y planteó una alternativa: “No digo que no avancemos hacia un sistema más moderno. Digo que no lo hagamos obligatorio (al 1 de enero). Pensemos un plan realista, que incluya a todos los productores y defina quién asume los costos”.
En ese sentido, propuso explorar un esquema optativo: “Si los frigoríficos van a ser los principales beneficiarios, ¿por qué no son ellos los que pagan un precio diferencial por el ganado chipeado? Eso sería más razonable que imponer un costo obligatorio a todos”.
Gripe aviar
Con relación a la gripe aviar, puso sobre la mesa la necesidad de cumplir con las compensaciones previstas por ley para productores afectados por sacrificios obligatorios de aves.
“La ley prevé compensaciones cuando se sacrifica capital por razones sanitarias. No pueden cumplir una parte de la ley y la otra no, solo porque no les gusta. No es optativo para un gobierno. El productor tiene que saber que, si denuncia un caso, va a tener una compensación como marca la ley. Esto ordena el sistema sanitario”, afirmó.
INTA
El ministro bonaerense también reclamó definiciones sobre el INTA: “Cerrar INTA AMBA es dejar sin acompañamiento a 10.000 productores de esa región. Horticultores y floricultores están quedando en el aire”, aseguró.
Además, cuestionó lo que calificó como un desfinanciamiento general: “Las estaciones experimentales se están cerrando. La asistencia internacional se achicó. No hay un proyecto institucional claro. No sabemos qué quieren hacer ni qué no quieren hacer”.
“Si se habla tanto de interacción Nación–provincias, sería importante que consulten a las provincias antes de tomar decisiones que afectan directamente a nuestros productores”, añadió.
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Agricultura familiar y Ley Ovina
Por último, Rodríguez también pidió precisiones sobre la actualización del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), la información que deben recibir los productores para reinscribirse, el destino de los fondos devueltos en el marco de la Ley Ovina durante 2024 y 2025, y la continuidad del PROLANA.
“Hay productores que no están recibiendo información clara. El RENAF no está funcionando como corresponde. Y con la derogación de la Ley Ovina, también quedaron en el aire los fondos reintegrados por los productores. Necesitamos respuestas concretas”, cerró.
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