La Ley de Tierras de Kicillof ya tiene una alternativa: Desde la oposición proponen que determinados extranjeros queden exceptuados de los límites en territorio bonaerense
Los idas y vueltas a nivel nacional en torno a la Ley de Tierras, con las recientes decisiones de la Corte Suprema y la restitución aprobada en Diputados, no mueven el termómetro de la discusión en la provincia de Buenos Aires, donde hace ya algunas semanas toma forma una legislación que fijaría límites propios en
Los idas y vueltas a nivel nacional en torno a la Ley de Tierras, con las recientes decisiones de la Corte Suprema y la restitución aprobada en Diputados, no mueven el termómetro de la discusión en la provincia de Buenos Aires, donde hace ya algunas semanas toma forma una legislación que fijaría límites propios en territorio bonaerense.
Kicillof cuenta con varias iniciativas desde el peronismo, que impulsan las vertientes de La Cámpora, el massismo y hasta Sergio Berni, pero desde la vereda de enfrente no quieren quedarse afuera de la discusión. Ahora es Nuevos Aires, el bloque de afluencia radical y libertaria el que presenta su propio proyecto, que también retoma el espíritu de la ley de Cristina Fernández de Kirchner, pero incluye algunas notas al pie relevantes.
Los diputados provinciales de Nuevos Aires, Viviana Romano y Fabián Luayza, presentaron un proyecto propio para meterse en el debate de la Ley de Tierras bonaerense. Su propuesta replica en parte el régimen fijado por el kirchnerismo en 2011, como el tope del 15% para la titularidad extranjera y el límite de 1000 hectáreas por titular en la zona núcleo, pero, a diferencia de las iniciativas del peronismo, sí contempla determinadas excepciones.
Según adelantaron desde Diputados Bonaerenses, en su caso los límites impuestos no rigen para aquellos extranjeros que acrediten 10 años de residencia permanente en el país, o que tengan hijos argentinos y demuestren 5 años de residencia. Tampoco para quienes hayan contraído matrimonio o unión convivencial con un ciudadano argentino durante al menos 5 años y acrediten igual período de residencia.
“No se pretende establecer un régimen general sobre la capacidad civil de las personas extranjeras, sino adoptar medidas de protección territorial vinculadas con intereses públicos provinciales”, señalaron desde Nuevos Aires en su proyecto.
Aunque distanciado del peronismo, Nuevos Aires se suma en la discusión que propuso ese espacio y que hasta ahora controlaban las iniciativas propias. En su caso, propone crear un Régimen Provincial de Protección de las Tierras Rurales, con el fin último de preservar el territorio, los recursos naturales, la capacidad productiva del suelo y los intereses estratégicos bonaerenses.
Al igual que lo propuesto hasta ahora desde La Cámpora, el massismo y el sector de Sergio Berni, el proyecto sostiene el límite del 15% a la titularidad extranjera de cualquier superficie rural y establece que, dentro de ese porcentaje, ninguna persona físicas o jurídica de una misma nacionalidad podrá concentrar más del 30% de las tierras permitidas.
Esos puntos, también vigentes en la ley nacional, se suman a otra normativa ya conocida: el tope de 1000 hectáreas para la “zona núcleo”, que en la provincia de Buenos Aires abarca a unos 22 municipios, entre ellos Junín, Pergamino, Chacabuco, Chivilcoy, San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Bragado.
Al igual que los proyectos del oficialismo, Nuevos Aires también apoya la creación de “Zonas de Protección Territorial Estratégica”, que incluye a humedales, cuencas, bosques nativos, islas y áreas naturales protegidas, que quedarán exceptuadas de cualquier adquisición extranjera.
Los legisladores, por su parte, proponen exigir un “Certificado Provincial de Habilitación Territorial” ante cualquier adquisición de tierras por parte de extranjeros. El documento, deberá acreditar el cumplimiento de los límites fijados y verificar si rigen restricciones ambientales o territoriales.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la prohibición de utilizar personas interpuestas, fideicomisos o estructuras societarias para eludir las restricciones, un aspecto que deberá controlar la autoridad de aplicación.
A nivel nacional, la Ley de Tierras alimenta un registro específico que almacena información sobre los cambios de titularidad, una gran base de datos histórica. Fue uno de los puntos por los que, de hecho, Kicillof intercedió ante la Justicia semanas atrás, argumentando que debía evitarse que se pierda debido a la derogación de la ley.
Pero, en caso de aprobarse alguna de las iniciativas que hoy discute la legislatura, la provincia de Buenos Aires contará con un registro propio. Es otro de los puntos en los que concuerdan entre la propuesta unificada desde el oficialismo y la de Nuevos Aires, que pide crear un “Sistema Provincial de Información sobre Tierras Rurales”.
De manera análoga, serviría para identificar los titulares de las extensiones propias, la nacionalidad de los propietarios y el nivel de distribución de la extranjerización en toda la provincia. No obstante, desde el bloque radical-liberal aclaran que debería utilizarse la información disponible en los organismos provinciales para evitar la duplicación de registros y obligaciones administrativas.
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